Es evidente que se cometieron, según ha reconocido hasta el propio Maduro, actos ilícitos en la gestión de Cadivi con importaciones ficticias y sobrefacturadas
En la respuesta a un camarada del general Carlos Osorio en Aporrea, no se explican las razones por las cuales sus cuñados tenían empresas de maletín en paraísos fiscales y recibían depósitos millonarios del seudo empresario Namal Wakil, proveedor de alimentos del régimen en el momento en el que era ministro de Alimentación y controlaba CASA.
Es evidente que se cometieron, según ha reconocido hasta el propio Maduro, actos ilícitos en la gestión de Cadivi con importaciones ficticias y sobrefacturadas. Este entramado de corrupción es parte de lo que hemos definido como el saqueo cambiario.
Como ha quedado demostrado, los cuñados del general Osorio, Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, recibieron pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne de Brasil con sobreprecio y caducada por parte de CASA cuando Osorio era ministro de Alimentación.
Si el general Osorio se considera inocente, debería responder directamente las interrogantes que han surgido en la opinión pública sobre sus vínculos con estos graves hechos.
Maduro y el general Padrino, al negarse a ordenar una investigación sobre el caso, se hacen cómplices y responsables.
No se está atacando a la FAN, como el general Osorio quiere hacer creer, escudándose detrás de ella y de su supuesta lealtad a Chávez. Se están realizando señalamientos concretos y el país espera respuestas concretas.
Es contradictorio que Maduro haya dicho cuando asumió el gobierno que la corrupción “se estaba tragando a la patria”, pidiera poderes especiales para combatirla y ahora decrete más corrupción e impunidad al cercenar las funciones contraloras de la Asamblea Nacional, donde los diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García solicitaron, y así se aprobó, la interpelación de los generales Osorio y Marco Torres.
Ante el desacato de ambos funcionarios, quienes se negaron a asistir al parlamento, se aprobó la moción de censura contra ambos, responsables directos de la terrible escasez y encarecimiento de alimentos que hoy sufren todos los venezolanos.
Hasta los trabajadores de Abastos Bicentenario han exigido que se investigue al general Osorio. Se deben establecer responsabilidades penales y hay que recuperar el dinero robado al país a traves del proyecto de ley que promueve el diputado Freddy Guevara en la Comisión de contraloría de la Asamblea Nacional.
El que no la debe, no la teme. Estos funcionarios deberían separarse de sus cargos para facilitar la investigación que debe conducir el Ministerio Público donde ya existen denuncias contra el seudo empresario Namal Wakil, proveedor privilegiado del régimen, quien actualmente se encuentra en Miami disfrutando de los bienes producto del asalto perpetrado al pueblo venezolano.
Carlos Tablante
@TablanteOficial
