El alto al fuego bilateral y definitivo con las FARC rige desde fines de agosto pasado en el marco del proceso que busca poner fin a 52 años de conflicto armado
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este viernes al gobierno que prevenga y proteja a la población de enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC y desertores en el sur del país, que según reportes dejaron un muerto.
Además, solicitó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) del cese de hostilidades con las FARC, que actúa tras el pacto de paz, «que se pronuncie sobre la posible violación del cese al fuego por parte de los miembros de ese grupo armado ilegal en los hechos denunciados por la población civil».
El alto al fuego bilateral y definitivo con las FARC rige desde fines de agosto pasado en el marco del proceso que busca poner fin a 52 años de conflicto armado.
Tras firmar la paz en noviembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), con unos 5.800 combatientes según sus propios cálculos, se preparan para el desarme y la reincorporación a la vida civil en 26 zonas en todo el país, bajo supervisión de la ONU.
En el marco de esta transición, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo en un comunicado que hubo incidentes intimidatorios que pusieron en peligro a la población civil en 12 puntos del sureño departamento de Caquetá, una zona de histórica influencia de las FARC.
En el texto, la Defensoría informó de un ataque de supuestos miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC contra cinco personas, incluido «Mojoso», antiguo comandante del Frente 14 de las FARC que se declaró en diciembre en disidencia, en una finca en la vereda Tailandia.
«En la acción murió una mujer y se vio afectada la población civil», apuntó.
Las FARC, por su parte, reportaron el miércoles un «enfrentamiento armado» de unidades rebeldes con guerrilleros disidentes «en cabeza de Alexander Mojoso» en Tailandia, que al parecer dejó «un muerto» en el comando desertor.
El MM&V, integrado por la guerrilla, el gobierno y la ONU, señaló la semana pasada que verificaba un presunto combate en Caquetá y que informaría sobre lo ocurrido tan pronto terminara de constatar los hechos.
El gobierno, que esta semana estimó que 5% de las FARC no se acogerá al proceso de paz y se volcará a la delincuencia, reiteró este viernes que «las llamadas disidencias de las FARC no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos» en el pacto de paz.
«Quien se salga del proceso de paz, perderá todos los beneficios y será investigado por la jurisdicción ordinaria», dijo el texto emitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Además, recordó que «cualquier delito que cometan los miembros de las FARC después del 1 de diciembre del 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas, no podrán ser objeto de ningún tratamiento penal especial».
AFP
