Un grupo de ciudadanos perteneciente a las organizaciones vecinales de los Municipios Baruta y El Hatillo del estado Miranda acudió hoy a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar su adhesión al Amparo Constitucional introducido por la Asociación Civil Súmate ante la Sala Constitucional el pasado 20 de diciembre, en el que esta ONG pide al máximo tribunal ordene a los Rectores del Consejo Nacional Electoral convocar de inmediato las elecciones Regionales, vencida desde el 16 de diciembre de 2016.
María Eugenia Redondo y Gorka Carnevali, vecinos de los municipios Baruta y El Hatillo, respectivamente, afirmaron que en el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos y de la democracia protagónica decidieron adherirse a este Recurso Extraordinario introducido por Súmate, ya que ya han transcurrido dos meses de haber vencido el período de los actuales gobernadores y legisladores estadales y el CNE sigue sin convocar estos comicios, lo cual viola los derechos al voto y de postulación a estos cargos.
Redondo y Carnevali exhortan al TSJ a pronunciarse cuanto antes, por considerar que la mora del CNE permite que unos funcionarios de elección popular estén más tiempo del que les corresponde, ya que los actuales gobernadores y legisladores estadales fueron elegidos el pasado 16 de diciembre de 2012 para un período de cuatro años, por lo cual debieron ser renovados en diciembre de 2016, tal como lo estipulan los artículos 160 y 162 de la Constitución.
Al mismo tiempo, la representación vecinal de los municipios Baruta y El Hatillo alegó que el máximo tribunal también está en mora con la solicitud de restitución del orden constitucional violentado por el CNE; porque de acuerdo con la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales tenía 4 días continuos, a partir de la fecha de la consignación del Amparo Constitucional introducido por Súmate, para pronunciarse y convocar a las partes, y a la fecha no lo ha hecho.
Aprovecharon para denunciar que cuando fueron a adherirse al Amparo Constitucional de Súmate, funcionarios de seguridad del TSJ exigieron que desalojaran el sitio con el fin de impedir el ejercicio de su derecho constitucional a solicitar justicia oportuna; no obstante, luego de su insistencia y protesta lograron su cometido.
