El comisionado agregado de la Policía del estado Miranda, José Ramón Roa mencionó que Venezuela a través de los diferentes tratados y convenios sobre los DDHH, debe cumplir a cabalidad las resoluciones suscritas en la normativa que protege a los testigos en los procesos penales; esto motiva a la corresponsabilidad que tiene el Ministerio para el Poder Popular de Interior y Justicia y Paz, así como el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General; garantizar el cumplir lo expuesto.
“El Iapem impulsa la ley en aras del bienestar del colectivo, de manera que sus derechos inherentes a la vida e integridad física y sus familiares, sean protegidos a la hora ser parte de un proceso penal”, dijo.
A raíz de esta situación surge una ley que contempla toda aquella normativa legal, que le garantice a la ciudadanía en general, a la hora de estar en un proceso penal pueda tener el libre desenvolvimiento y relatar de los hechos ocurridos dentro de una caso punible. Por lo tanto se crea la: Ley de Protección A La Victima, Testigo y demás Sujetos Procesales.de fecha 04 de octubre de 2006,
Siendo el Ministerio Publico, por medio de la Fiscalía General, delegando función administrativa a la Coordinación Nacional de Protección (Conapro), está a su vez, coordina las funciones ejecutorias con la Fiscalía Superior de cada entidad estadal, creándose una Oficina de Protección, en cada entidad, que coordinan con los miembros de las diferentes Brigadas de Protección Policial, para la ejecución de las medidas, designadas por el órgano jurisdiccional correspondiente.
El comisionado Agregado Josè Roa hace referencia que “ la Dirección General de Disciplina de las Policías, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, crea un coordinador policial, por cada eje o Circuito Judicial, existente en el Estado, para la respectiva coordinación”. NP
