“Las mujeres venezolanas están siendo cada vez más agobiadas por la difícil situación que atraviesa el país. Adicionalmente, muchas madres están angustiadas al ver a sus hijos sumados en las protestas para obtener la libertad y la democracia, y que son reprimidos por parte de los organismos de seguridad del Estado”, expresó la presidenta de Mujeres Miranda, Deliana Torres.
En ese sentido, indicó que la dependencia, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de género en la entidad, ha venido realizando talleres de promoción de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en diferentes sectores del estado.
“He notado muchas quejas y malestares que manifiestan las participantes en los encuentros. El fin de semana pasado, estuvimos presentes en la ‘Marcha de Mujeres’ en la que se acompañó, compartió y brindó palabras de aliento a las asistentes. Nos informan que la represión ha sido desmedida, que el uso de la fuerza no corresponde con las manifestaciones, en la que sin armas, ni bombas, vestidas de blanco y con banderas de Venezuela, son impedidas para continuar su recorrido hasta llegar a los organismos competentes”, dijo.
Beatriz Borges, máxima representante del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), rechazó la violencia política a las mujeres manifestantes. “Todas tenemos derecho a manifestar de manera pacífica, sin que nos agredan con palabras y gestos que buscan denigrarnos. También somos agredidas cuando una venezolana que tenga cáncer de mamá no puede hacerse su tratamiento médico por la escasez de medicamentos, por ejemplo”.
Lilia Camejo, directora ejecutiva de la organización Justicia Venezolana, calificó como grave las acciones de los organismos de seguridad del Estado en las protestas que se han efectuado en 2017. «Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional han arrastrado a ciudadanas, eso hay que rechazarlo. Desde el 4 de abril, se ha reprimido a escala nacional de una manera sin precedentes. Hasta la fecha, más de 39 personas han perdido la vida en las manifestaciones”.
Sobre el caso de la defensora pública, con 17 años de servicio, quien sufrió un paro cardíaco que le produjo la muerte tras ser despedida por no asistir a las movilizaciones del oficialismo, rechazó el acoso y presión que padecen las trabajadoras venezolanas en las instituciones del Estado.
“Se trataba de una madre soltera de dos menores de edad. Ella venía denunciando el acoso y la presión de la que era objeto en su lugar de trabajo. El pasado 18 de abril fue despedida junto a seis personas más sin justificación alguna. Junto a ella, se hallaba otra ciudadana que para el momento se encontraba de reposo médico y un señor en el mismo estatus que también falleció. A ellos se les violaron sus derechos al trabajo, al libre pensamiento, además de obligarlos a participar en actividades que no correspondían con sus funciones. Llevaremos el caso a las instancias que sean necesarias. No vamos a dejar que queden impunes estos casos”, concluyó.
