El Situado es una partida que debe transferirse religiosamente a los estados y municipios. Pese a ser una obligación constitucional, en Venezuela dicha garantía ha sido politizada, puesto que parte de esos recursos (créditos adicionales) se han empleado muchas veces de manera preferencial.
Si hablamos de proporción, Miranda es el segundo estado más importante del país luego de Zulia por densidad poblacional, y por esto debe recibir el segundo porcentaje más alto en la distribución del Situado.
Con estos recursos procedentes de esa partida, se pagan entre otras cosas, todos los beneficios salariales de los trabajadores adscritos a la administración pública en Miranda, por lo que cuando se produce un atraso en el envío de los mismos, se golpea aún más el poder adquisitivo de los servidores públicos.
Tras el decreto de aumento de salario mínimo a Bs.40.638 y el ajuste al tabulador de la Administración Pública en enero de 2017, en Miranda se generó un déficit presupuestario, que se acumuló con el incremento del bono de alimentación de Bs.108.000 de todos los trabajadores, publicado en Gaceta Oficial en marzo de este año.
Luego de ambos anuncios, el gobierno nacional debió enviar a la entidad un poco más de 22 mil millones de bolívares para saldar ambos conceptos, pero solo ha aprobado dos créditos adicionales que son insuficientes para honrar los compromisos.
El primero, por un poco más de 6.100 millones, se hizo efectivo en el mes de abril, y el segundo, por más de 13.600 millones, fue publicado en Gaceta Oficial el 02/05/2017, pero aún no han sido transferidos esos recursos a las arcas de la entidad.
Una vez se cuente con la disponibilidad financiera del segundo crédito, ambos sumarían aproximadamente Bs.19.700 millones, que obviamente todavía no alcanzan para realizar los ajustes de salario mínimo, tabulador y bono de alimentación, generados tras los incrementos de enero y marzo.
Esta situación ha obligado a gremios sindicales y representantes del Gobierno de Miranda a sostener reuniones y analizar distintos escenarios, para que la mayoría de los servidores públicos (activos y jubilados) resulten incluidos en la distribución de estos recursos.
Según Juan Fernández, secretario general del Gobierno de Miranda, este proceder del Ejecutivo nacional, en cuanto a “realizar anuncios, pero no enviar los recursos completos”, ha sido una constante durante lo que va de gestión.
En ese sentido, dijo que a partir del 1º de mayo, luego que por decreto nacional se elevara el salario mínimo a Bs. 65.021 y el bono de alimentación a Bs.135.000 bolívares, el déficit que el Ejecutivo nacional mantiene con la entidad, lejos de reducirse, se siguió incrementando con respecto al inicio del año.
Para los incrementos de salario mínimo, bono de alimentación y ajuste del tabulador (solo de mayo) se requieren más de 24 mil millones de bolívares, pero aún no ha sido saldada por completo la transferencia de recursos por los aumentos decretados entre enero y marzo.
“Nosotros seguiremos al lado de nuestro talento humano exigiendo lo que constitucionalmente le corresponde, porque en Venezuela no puede haber trabajadores de primera y segunda. Todos tienen el mismo derecho y más en un momento de crisis como éste”./NDP
