El derecho a votar no es el único elemento que existe para definir a un régimen político como democrático, hay otros elementos como: el ejercicio democrático a través de la negociación para llegar a acuerdos sobre distintos temas públicos que benefician a la sociedad y a los ciudadanos; el respeto a los derechos humanos; la libertad de elegir lo que considero mejor; y sobre todo, el ejercicio de la justicia basado en el Estado de Derecho que conduzca a una convivencia en paz. Es una falacia pensar que por ser demócratas debemos acudir a votar cada vez que nos convoquen a una elección y es por ello, que no debemos escandalizarnos cuando la estrategia es no acudir a votar, porque las condiciones no están claras y no hay garantías para que ese acto electoral sea realmente democrático.
El acto electoral del 20 de mayo es un acto dudoso, por lo cual hay que mencionar varios aspectos que debemos considerar antes de decidir si votar o no. En primer lugar la convocatoria del acto. El CNE llama a un proceso electoral por solicitud de una instancia que debió ser convocada y electa por el pueblo y que ciertamente no fue así. El pueblo ni convocó ni eligió a la mal llamada asamblea nacional constituyente. Por tanto, es totalmente espuria e ilegítima, por lo que sus actos también lo son, y por consiguiente, el llamado a elecciones también lo es.
El segundo elemento a considerar es la desconfianza que existe en el árbitro electoral. Para acudir a un evento tan importante debe existir confianza en quien lo va dirigir y controlar, y esa confianza no existe. Por todos es conocido el cúmulo de triquiñuelas realizadas por el árbitro: inhabilitación de los principales líderes de la oposición para que no puedan ser candidatos, inhabilitación de los principales partidos políticos y de la tarjeta de la MUD para que no puedan participar. Todo eso, con el fin de condicionar los candidatos y así garantizar contendores delimitados a la justa medida del presidente. En este aspecto vale la pena recordar lo ocurrido en las elecciones regionales cuando por capricho se obligó a los candidatos electos juramentarse ante la asamblea constituyente (norma que no existe en ninguna ley de ejercicio político o de condiciones electorales) y, al gobernador electo del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por no cumplir con ese capricho, se le desconoció su triunfo. También el fraude cometido al candidato de la oposición en Bolívar, Andrés Velásquez, a quien descaradamente, le robaron la elección modificando los resultados al vaciar los mismos de manera manual y manipulada por funcionarios del régimen, lo que ha sido sustentado ante las instancias respectivas y no les da la gana de responder. Lamentablemente en Venezuela, votar no es elegir, porque si se ganan las elecciones manipulan las actas, si se proclama ganador a la oposición no lo juramentan y si se reconoce la victoria colocan a un tal “protector” a quien le asignan los recursos.
El tercer elemento que debemos considerar es el de los candidatos en la contienda. Obviamente los candidatos no son los candidatos ideales y reales que deberían estar, porque el régimen se dio a la tarea de escoger los candidatos de la oposición, al inhabilitar y condicionar quienes podían serlo. Hasta ahora, lo que se ha podido observar en los candidatos es que son otros populistas más que profundizarían la grave crisis. El discurso de los supuestos candidatos de oposición parte de un diagnóstico errado de la realidad y las estrategias que proponen son políticas populistas que en nada resolverían la crisis. También debemos añadir el hecho que uno de los candidatos es un militar retirado, reforzando el militarismo existente en el actual régimen.
En cuarto lugar y es el argumento de mayor peso, acudir a un acto electoral donde las condiciones y reglas son impuestas por el régimen que impera y ostenta el poder, y donde los ciudadanos terminamos aceptando esas reglas menguadas, es menospreciarnos como ciudadanos y rebajarnos ante el poder. Como ciudadanos no debemos permitir y aceptar que las reglas se impongan violando la constitución y las leyes, porque después terminamos aceptando cualquier norma mucho más disminuida que viola nuestros derechos políticos. Eso sería un acto inmoral, un irrespeto a nosotros mismos y un acto de desprecio a nosotros y a la constitución. En definitiva la decisión es personal, pero espero que estos elementos sirvan para tomar una acertada decisión.
Pablo Martínez Reques
Profesor-filósofo
@pemartinezr
