La oposición venezolana exigió hoy al presidente Nicolás Maduro que derogue su controvertido «plan de recuperación», al que señalan de profundizar la crisis y «disolver» el poder de compra de los ciudadanos, al tiempo que reclamó «medidas responsables» en materia económica.
El antichavismo, que controla el Parlamento, aprobó este martes un acuerdo que demanda «la suspensión de manera inmediata» del plan económico que Maduro puso en marcha hace poco más de 3 meses en un intento por sacar al país caribeño de la grave crisis que atraviesa.
En el documento se señala que el Gobierno no ha tomado las «medidas estructurales para controlar la espiral inflacionaria» y, por el contrario, se ha alimentado «la impresión de dinero para financiar el gasto público, que genera como consecuencia una caída de la demanda de dinero con respecto a su oferta».
Asimismo, se indica que «el aumento vertiginoso del gasto público» genera un incremento «acelerado de precios» y que como consecuencia de la espiral hiperinflacionaria el salario mínimo, incrementado la semana pasada en 150 %, ya perdió «más del 70 % del poder adquisitivo que tenía en agosto», cuando entró en vigencia el plan.
El Parlamento afirma que los efectos son «catastróficos» para los venezolanos y demandó la adopción de medidas «responsables».
Como de costumbre, el documento fue rubricado por los diputados opositores en ausencia de los oficialistas, que pocas veces han ocupado sus curules desde que los detractores de Maduro se hicieran con el control del unicameral Parlamento venezolano en 2015.
En el texto, el antichavismo también rechaza «los efectos negativos» que las medidas tienen sobre los venezolanos.
El legislador José Guerra dijo durante el debate que desde que fue puesto en marcha el plan, que contempla incremento de sueldos, congelación de precios, reforma fiscal y una reconversión monetaria, el costo de la vida se disparó y solo el pasado septiembre la inflación alcanzó los 233 puntos.
«Con una tasa de inflación de esa magnitud era evidente que el salario se iba a disolver, como se disolvió», aseguró.
Guerra también resaltó la «contradicción» que supone el «aumento de salario nominal», que Maduro ha decretado dos veces en los últimos tres meses, con el cada vez menor poder de compra de los venezolanos, que aseguró está «destruido».
«Venezuela hoy tiene un Estado fiscalmente insolvente», añadió.
Asimismo, indicó que si el plan económico de Maduro hubiese funcionado el mandatario no hubiera hecho un incremento salarial a los tres meses de haberlo implementado y alertó sobre la posibilidad de otros dos aumentos antes de febrero de 2019.
En ese sentido, dijo que la «posición» de su fracción -del partido Primero Justicia en el que milita el líder opositor Henrique Capriles- «es la creación de empresas» para que el trabajo sea «libre» y los venezolanos puedan «comprar lo que quieran, cuando y cuanto quieran».
Así, expuso que el modelo que proponen para sacar al país de la crisis es «un plan de estabilización macroeconómica para detener la hiperinflación (…) en seco, y parar la hiperinflación significa parar la devaluación» de la moneda venezolana, el bolívar.
Guerra aseguró, además, que proponen eliminar el control de cambio, «que no se use la devaluación del bolívar para financiar el Gobierno» y refinanciar los próximos servicios de la deuda externa, que para hoy alcanzan los 6.500 millones de dólares, según dijo.
Los opositores también debatieron hoy los primeros 8 puntos de un proyecto de ley que permitirá, en el marco de una transición política, recuperar dinero y activos robados al tesoro público, un desfalco que una comisión legislativa estima en 400.000 millones de dólares.
La herramienta legal, señaló el legislador Freddy Superlano, «tiene como objetivo fundamental» quitarle a aquellos que robaron al pueblo venezolano lo que «están disfrutando» en el extranjero.
«Vamos tras los corruptos, vamos tras los dineros del pueblo venezolano (…) para la recuperación del país», aseveró.
Pese a sus esfuerzos, el Parlamento venezolano fue declarado en «desacato» por el Supremo hace ya casi 3 años y sus decisiones no son tomadas en cuenta por el Ejecutivo.
Los legisladores opositores suelen señalar que se mantendrán en sus puestos en defensa de la institucionalidad y para crear un marco jurídico que ayude a los actores de una eventual transición política en Venezuela. EFE
