La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), dominada por la oposición, designó este miércoles una junta administradora para controlar la industria petrolera del país, así como la empresa estatal Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo.
La decisión del legislativo fue aprobada por la mayoría opositora de la Cámara, tras ser presentado un informe de la Comisión de Energía y Petróleo a cargo del diputado Elías Matta.
Con esta medida, Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada integran la junta directiva de Pdvsa, una empresa golpeada por una crisis de productividad e investigaciones por corrupción.
En tanto que la especialista Luisa Palacios liderará la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo.
Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla acompañarán a Palacios.
Citgo está considerada como la séptima refinería en Estados Unidos, con capacidad para procesar 750.000 barriles por día de los crudos pesados y extrapesados que produce Pdvsa.
Se estima que controla el 4 % del mercado estadounidense.
El Parlamento también designó a Palacios y Rincón al frente de Citgo Holding Inc., así como a Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser.
No se indicó cómo se realizó el proceso de selección. Tampoco se ofrecieron detalles sobre la experiencia de los designados.
De acuerdo con los opositores, esta decisión permite «la protección de activos de la empresa Citgo» ante los arbitrajes que enfrenta Venezuela por el incumplimiento de algunas millonarias obligaciones.
Sobre la industria petrolera venezolana pesa una batería de sanciones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que se levantarán de forma automática cuando el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, se aparte de la Presidencia.
Ante ello, el Parlamento faculta a la recién nombrada junta de Citgo a ubicar en el mercado «petróleo pesado alternativo al menor costo posible», en vista de la imposibilidad de Pdvsa para proveerlo.
Maduro dijo la semana pasada que las sanciones son un intento de Estados Unidos por despojar a Venezuela de Citgo, al tiempo que alertó con la Justicia a «toda persona que acepte nombramientos ilegales que usurpen cargo en Pdvsa o Citgo».
Estas acciones hacen parte de la ofensiva opositora para debilitar a Maduro y forzarlo a abandonar el poder, que ejerce desde 2013 y que, considera el antichavismo, «usurpa» desde enero pasado, cuando juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce buena parte de la comunidad internacional.
El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo del año pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados sus principales partidos y dirigentes.
Por ello, los opositores señalan que el nuevo término de Maduro es ilegítimo y que las competencias del Ejecutivo recaen en el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien dijo ante miles de simpatizantes el 23 de enero pasado que las asumía.
Guaidó, por su parte, catalogó como «histórico» el acuerdo que designa las nuevas directivas, porque protegerá «cada activo en desarrollo de Venezuela«.
Con todo, el Parlamento fue declarado hace 3 años en «desacato» por el Supremo, y sus decisiones no son tomadas en cuenta por el Ejecutivo y otras instituciones del poder en Venezuela. EFE
