Encarcelar a Guaidó desataría el caos

Toda acción en contra de los derechos e integridad de Juan Guaidó sería un atentado en contra del legítimo jefe de Estado de la República de Venezuela. El anuncio del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pretende allanar la inmunidad parlamentaria del presidente de la Asamblea Nacional, solo busca una sola cosa: desviar la atención del mundo de la peor crisis humanitaria de su historia, agudizada con el colapso del servicio eléctrico que nos mantiene sumidos literalmente en la oscuridad absoluta.

 El mundo debe saber que el único órgano que puede allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la República es la Asamblea Nacional (AN). Así lo establecen los artículos 200 de la Constitución y 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no existe jurídicamente y todos sus actos son nulos e ineficaces. Por lo tanto, no podría allanar la inmunidad de ningún diputado de la Asamblea Nacional, tal como lo pretende realizar el TSJ por orden del régimen.

Hay que recordar que, en múltiples oportunidades, la AN ha declarado la pérdida de cualidad del TSJ para administrar justicia y han iniciado los procedimientos constitucionales para la remoción de los magistrados que han violado el ordenamiento constitucional y los derechos humanos, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución.

Paralelamente, el Ministerio Público es igualmente ilegítimo. Por lo tanto, no puede adelantar ninguna investigación ni ejercer acción penal en contra de Juan Guaidó, quien cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos, por lo que detenerlo sería desatar la furia de los ciudadanos que, desde la semana pasada y producto de los apagones, se mantienen en las calles protestando.

Juan Guaidó sigue siendo diputado y presidente de la AN. Todos los magistrados, los supuestos miembros de la ANC y los funcionarios del Ministerio Público que atenten contra su inmunidad parlamentaria podrían ser castigados penalmente de conformidad con la ley, como lo establece el artículo 200 de la Constitución.

Con esta nueva amenaza, Maduro busca de forma maquiavélica desviar la atención de la comunidad internacional sobre el caos que vivimos. Mientras usted lee este artículo seguramente varios venezolanos estén muriendo en algún hospital por falta de insumos, médicos o energía eléctrica.

En el municipio que tengo el honor de dirigir como alcalde (Los Salias, estado de Miranda) contabilizamos solo durante el primer fin de semana posterior al apagón tres personas fallecidas al agotarse la batería de los respiradores artificiales a los que estaban conectados, lo que nos llevó a decretar la emergencia municipal.

Al no haber energía eléctrica deja de llegar agua a los hogares, lo que obliga a miles de personas a buscarla en ríos, quebradas e incluso en desagües por los que corre agua contaminada, poniendo en riesgo la salud ya precaria de los ciudadanos.

Hemos intentado paliar la crisis con camiones cisternas, hasta ahora unas seis mil familias se han visto beneficiadas con nuestro plan de contingencia.

A nivel nacional, no hay contingencia suficiente ante la gran demanda, por lo que el desespero se apodera de millones, que claman una solución a una pesadilla que luce interminable.

José Fernández es alcalde de Los Salias (Venezuela) e hijo de gallegos de Chantada / Publicado en La Voz de Galicia