El Fiscal General de la Reopública designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los centros de detención preventiva deben volver a ser lugares de tránsito
Quince días después del anuncio del plan de descongestión en los centros de detención preventiva, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que esta semana se logró el traslado a cárceles de 99 personas.
Entre el miércoles 30 de octubre y el jueves 31, se realizaron 123 audiencias en las que se dictaron 118 privativas de libertad, y en 65 casos se admitieron los hechos.
Saab también dijo que 53 causas pasaron a juicio y dictaron 6 medidas de sobreseimientos provisionales, se otorgaron 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias: “En total, 83 ciudadanos quedaron en libertad; no debían estar presos”.
Aseguró que el pasado viernes 1º de noviembre siguieron las audiencias, como parte de la segunda fase de descongestión, pues la primera etapa consistió en un diagnóstico de los centros de detención de Caracas en los que tuvieron mesas de trabajo con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y jefes de las policías.
“En las próximas horas continúan las audiencias para que las estaciones policiales pasen a ser lo que deben ser, lugares de tránsito”, dijo.
Un equipo periodístico del portal Crónica.Uno recibió denuncias de familiares en calabozos de Caracas, como el de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, que aseguraban que como consecuencia del hacinamiento los detenidos padecían de enfermedades infectocontagiosas.
Estas celdas tienen capacidad para aproximadamente 200-250 personas pero había más de 873 hombres. En septiembre de 2019 se registró el asesinato de 2 reclusos y la fuga de más de 20, en menos de una semana.
Además los parientes aseguran que deben pagarles a los policías para poder visitar a sus seres queridos e incluso para que les permitan ingresar medicamentos.
Desde hace más de tres años, la ONG Una Ventana a la Libertad ha hecho un llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, específicamente a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, para que se solucione la grave situación que viven los presos en centros de detención preventiva.
Han levantado denuncias que señalan que a las mujeres no les dan suficientes toallas sanitarias cuando tienen la menstruación y que a las embarazadas no las trasladan a control sino hasta el día del parto.
Además del hacinamiento, destacan la violencia, las muertes por enfermedades, hechos de corrupción y el retardo procesal penal que ha convertido los calabozos en cárceles donde hay personas que pasan hasta dos años esperando audiencias.
