La Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que el gobierno de Nicolás Maduro no puede tener acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas que enviaron sus testimonios al organismo.
En su página web, la institución explicó que maneja la información de las víctimas con estricta confidencialidad.
“Esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia”, indicó el organismo.
La versión pública del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, por tanto, no contiene ningún dato con el que se pueda identificar a las víctimas y tampoco incluye información de ninguna otra persona u organización que haya participado en el proceso.
La aclaratoria de la CPI llega luego de que el gobierno de Maduro pidió que se le permita replicar los testimonios de las víctimas.
Tal petición tiene fecha del 25 de abril de 2023 y fue firmada por el canciller Yván Gil. El régimen pide que se le otorgue un plazo hasta el 30 de mayo para responder al informe de la sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.
Con esta nueva solicitud se puso en marcha otra maniobra para dilatar el proceso en la CPI y evitar que se reanude la investigación por delitos de lesa humanidad. Todo al tiempo que se dieron las polémicas declaraciones de Jorge Rodríguez en las que condicionaba la eventual reanudación del diálogo a que se suspenda la investigación de ese organismo.
