Si el Estado obedeciera el mandato de una “Democracia Protagónica y Participativa” como dispone la Constitución Bolivariana, ya se hubieran dado los pasos para encontrar una salida pacífica y constructiva
Milos Alcalay
La explosión social capitalizada por la sociedad civil, se ha prolongado en Venezuela por más de dos meses y medio, demostrado-gracias a la presencia heroica de los jóvenes en las calles- que no existe el pretendido “Gobierno de Calle”
Ya que la calle es de los indignados, quienes no están dispuestos a silenciar su protesta contra la incompetencia, la corrupción y la militarización que ha producido la profunda crisis económica, social y ética que padece el país y que le arrebata el futuro a las generaciones venideras.
Los actuales Gobernantes “Revolucionarios” han preferido mantenerse en el Poder cueste lo que cueste, utilizando los subterfugios del Terror del Siglo XXI, con el conocido garrote usado por Cuba y los regímenes comunistas del Siglo XX, camuflando el horror diario con el apoyo cómplice de amigos internacionales y nacionales que pretenden convencer a la opinión pública mundial, que está en marcha una vía abierta al “dialogo”, a la “justicia” y a la “paz”, cuando en realidad el comportamiento oficial busca oxigenar una imagen deteriorada por los excesos de muertes, torturas y detenciones injustificables.
En esa operación de “camuflaje” el TSJ se ha prestado a darle el ropaje “legal” a las decisiones arbitrarias del Gobierno – tal como lo denuncio en su momento el Magistrado Aponte Aponte – ya que como jueces de la “revolución”, pretenden justificar a posteriori, todo tipo de irregularidades a la Constitución. La más reciente sentencia en la que se exige la autorización del Gobierno para ejercer lo dispuesto en el artículo 68, viola claramente el derecho de los ciudadanos de manifestar pacíficamente, estableciendo requisitos que la Ley de Leyes no contempla.
Los Juristas del Terror, siguen de esa manera justificando los atropellos de un Gobierno represivo, como la reciente criminalización e inhabilitación de los Alcaldes de San Cristóbal y San Diego; o la ratificación de la inconstitucional medida del Capitán Diosdado Cabello de arrebatarle el mandato parlamentario a la Diputada María Corina Machado, o de permitir la detención arbitraria de Leopoldo López, o de tolerar millares de detenciones y humillaciones en contra de los manifestantes, que se suma a las interpretaciones anteriores que han violentado normas Constitucionales de todo tipo en relación a la Inconstitucional permanencia en el Poder de Maduro antes y después de las elecciones.
Si el Estado obedeciera el mandato de una “Democracia Protagónica y Participativa” como dispone la Constitución Bolivariana, ya se hubieran dado los pasos para encontrar una salida pacífica y constructiva.
Pero para salir de este callejón sin salida, la única posibilidad para evitar que se agrave el conflicto, es recurrir a una mediación internacional que permita identificar con los verdaderos actores, cuáles puedan ser los mecanismos de prevención de conflictos, construcción de confianza y búsqueda de soluciones pacíficas, tal como lo establece la Carta de Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.
