El artículo 67 de la Constitución Nacional de Venezuela establece que las directivas de los partidos políticos y sus candidatos a cargos de elección popular “serán seleccionados en elecciones internas con la participación de sus integrantes”; pero, como se observa, este artículo no se refiere específicamente a primarias abiertas sino a “elecciones internas” y éstas también pueden ser de primero, segundo o tercer grado de participación de las bases o hasta por cooptación, que es un eufemismo técnico-estatutario para indicar las imposiciones de las cúpulas; sin embargo, La Mesa de la Unidad Democrática hizo una interpretación amplia de este mandato constitucional y organizó unas primarias abiertas para escoger a 42 candidatos nominales a la Asamblea Nacional; y que sirvió de ejemplo para que el Psuv hiciera lo propio para seleccionar a 87 de sus aspirantes a la misma instancia legislativa, este 28 de junio.
Aunque existe una diferencia apreciable en la cantidad de candidatos escogidos por el mismo método entre una y otra fuerza política, sería mezquino desconocer que ambos procesos constituyen un avance en los mecanismos democráticos internos; sin embargo, el Psuv incurre en una falacia comunicacional al presentar sus primarias como la panacea para resolver conflictos grupales o para motivar la participación electoral de las bases, en un esfuerzo por revertir la tendencia negativa que le dan las encuestas a todo lo que representan los candidatos resultantes
Me parece muy interesante y “hasta bonito” que de los 1.162 aspirantes en las primarias del Psuv, 581 correspondan a un espacio del 50% reservado para las mujeres (290 parar las menores de 30 años e igual cantidad para las mayores de 30); y el restante 50% para los hombres, con la misma distribución etárea; pero esa presentación de mercadeo político no es garantía de que los resultados se correspondan con el porcentaje de edad y sexo a como fueron postulados, porque todos tienen que pasar por el “filtro” de las votaciones y al final los principales podrían ser “hombres mayores” y las “mujeres jóvenes” sólo queden en las suplencias.
Al margen de la parafernalia propagandística por los medios públicos de comunicación para “vender” las primarias del Psuv (que el CNE ha sido incapaz de controlar) o del método de selección, lo más importante es lo que representan estos candidatos para el electorado, porque sería inevitable que reciban el castigo del voto cuando sean identificados con el gobierno del presidente Maduro, cuyo pésimo desempeño mantiene a Venezuela como el primer país del mundo en inflación, escasez e inseguridad; sólo por nombrar “las tres Marías” causantes principales de la actual tragedia nacional y que amenazan con convertir al presidente en un gigantesco submarino político.
UN PROBLEMA POLITIZADO. Me ha impresionado la irresponsable manipulación política que han intentado un grupo de sindicalistas sobre las deudas contractuales que mantiene la gobernación de Miranda con sus docentes, sin presentar una sola prueba escrita. Por el contrario, tengo dos oficios que envió el Gobernador del estado al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en los que Capriles reconoce la deuda en cuestión y demuestra su preocupación por pagarlas; pero advierte que no ha sido posible cumplirle a los educadores porque el gobierno nacional se niega a enviar los recursos solicitados. El primero es de fecha 22 de enero del 2.015, en el que queda establecido que una comisión mixta de técnicos del poder central y regional calcularon el monto adeudado por concepto de homologación con el sector educativo en 607.677.104,81 Bs hasta diciembre del 2.014; y en otro, del 27 de mayo de este año, dirigido al mismo destinatario, en el que el gobernador insiste en el retraso financiero para honrar los compromisos de la VII Convención Colectiva, que suscribió el gobierno nacional con los trabajadores de la educación; pero también formalizó el reclamo de que el presupuesto regional solicitado para el ejercicio fiscal para el 2.015 fue de 16.340.213.005,00 Bs y la mayoría oficialista en el Consejo Legislativo sólo le aprobó 8.896.341.492,00 Bs (un déficit del 45.55%). Por cierto que los dos llamados a paralizar las actividades docentes que hizo hace poco un sindicato han sido ilegales porque no existe una declaratoria de conflicto por parte de alguna Inspectoria del Trabajo, que es un paso previo exigido por la Ley del Trabajo; y aún así han programado otro paro para este 18 de junio, bajo las mismas condiciones de ilegalidad. Si persiste este saboteo político, los padres y/o representantes pudieran solicitar una medida cautelar ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente por violación al derecho a la educación de sus muchachos para que esta instancia obligue a los docentes reposeros a impartir clases; y, además, los directores de las escuelas tienen competencias para elaborar actas de incidencias que pueden concluir en descuentos por días no trabajados o instruir expedientes de descalificación de despidos por abandono de cargo.
EL ERROR ESTRATEGICO DEL PSUV. El diputado Darío Vivas, dirigente nacional del Psuv, aceptó que en las primarias de su partido la participación electoral estaría en “un poco más del millón” de votantes”; con lo cual preparó el escenario para justificar la alta abstención que se espera en ese proceso; pero como Politólogo puedo asegurar que esa organización política cometió un inexcusable error estratégico al convertir esas elecciones en primarias abiertas en las que pueden votar todos los electores venezolanos, por dos razones fundamentales. La primera es que serán unas elecciones casi exclusivas para la militancia del Psuv porque dudo que en ese proceso rojo rojito asista a votar ni el 1% de electores identificados como opositores o como independientes; y la otra, es que si, por ejemplo, ese “poco más del millón” llegasen a 1.300.000 votantes, el porcentaje de participación es distinto si se le compara con los 7.2 millones que es la supuesta base de militantes del Psuv o con los 20 millones del registro electoral total en Venezuela, porque en el primer caso la participación sería de un 18.05% en contraste con el segundo caso, que sería de 6.5%; que representa un punto menos que los 7.5% que votaron en las primarias de La Unidad.
Sergio Graffe
