En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Carrizal, el cuerpo edilicio aprobó Acuerdo de Cámara para condenar la muerte del concejal del Alto Apure, Carlos Andrés García, como consecuencia de la negativa por parte del Sebin a recibir atención médica mientras estaba recluido como preso político.
“Nuestro colega fue detenido en diciembre de 2016 y desde entonces sufría crisis hipertensivas que se negaron a atender. Su estado de salud se agravó hasta sufrir un ACV este fin de semana y ser trasladado, luego de un día convaleciente en el que se le negó atención médica, al Hospital de San Cristóbal donde falleció porque además no había medicinas”, explicó Mariem Pabón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales.
Adelantó que llevarán esta denuncia al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y su Relatoría en la materia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acompañando el caso con un informe detallado de la progresiva violación a los derechos fundamentales de García que terminaron en su muerte.
Recordó que existen 566 presos políticos propensos a situaciones similares, pues muchos de ellos están enfermos y se les niega acceso tanto a medicinas como a comida. “Sus familiares manifiestan que reciben hasta 60 gramos de alimento diario, además de torturas físicas y psicológicas”, dijo.
Por su parte, el concejal de Voluntad Popular, Manolo Blanco, destacó los casos del diputado Gilber Caro y los estudiantes de la UPEL presos en El Dorado. “Si a un diputado lo detienen y torturan que quedará para cualquier ciudadano. Es un régimen autoritario que no cree en la vida, ni en la juventud, ni en la educación, ni en nada más que en el poder. Ejemplo son los estudiantes de Maracay quienes tienen paludismo y no han recibido ningún tipo de atención médica. Los niveles de crueldad del régimen son cada vez mayores”, expresó.
Finalmente, Katherine Rodríguez, presidente de la Cámara, citó el artículo 43 de la Constitución donde destaca que el Derecho a la Vida es inviolable, “mucho más cuando se trata de personas bajo la custodia del Estado. Por lo tanto es deplorable lo que hacen y debemos condenarlo”, concluyó./NDP
