La ONG Una Ventana a la Libertad calcula que en el centro de detención de la Dgcim en Boleíta Norte permanecen entre 100 y 110 personas distribuidas en 28 celdas, “un incremento de aproximadamente 70 % en cuanto a la población reclusa promedio, calculada para la presentación del primer informe”
La ONG Una Ventana a la Libertad (UVAL) presentó un informe con actualizaciones sobre la situación de derechos humanos en los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en el que detallan precarias condiciones en las que se encuentran los reclusos, así como denuncian prácticas de torturas y castigos que les infligen.
El informe hace una revisión detallada de cuatro sitios específicos: los centros de detención El Helicoide y Plaza Venezuela, del Sebin, y los de Boleíta Norte y Fuerte Tiuna, a cargo de la Dgcim. Se llevó a cabo en tres meses y recaba hechos que se han presentado desde 2018 hasta el presente.
La investigación resalta prácticas de tortura y maltrato físico y psicológico que los funcionarios llevan a cabo contra los detenidos, la mayoría de ellos por razones políticas, tanto dentro como –en algunos casos– fuera de los centros e incluso antes de ser trasladados a sus celdas.
Así mismo, UVAL detalla los cambios institucionales y de directivas que han sufrido ambos organismos policiales, como ocurrió en su momento con el nombramiento del general de brigada Manuel Christopher Figuera en la Dirección del Sebin, y cómo estos han influido en nuevas normas, prácticas y renovaciones de los centros.
“La casa de los sueños”
La ONG señala que el centro de detención de la Dgcim que se encuentra en la zona Industrial de Boleíta Norte “fueron implantadas condiciones de reclusión que dificultan el conocimiento de datos esenciales”, entre ellos el número de personas recluidas, pues no se hace “pase de número” ni hay listas externas que permitan conocer la identidad de los privados de libertad.
Aún así, calculan que en el lugar permanecen entre 100 y 110 personas distribuidas en 28 celdas, “un incremento de aproximadamente 70 % en cuanto a la población reclusa promedio calculada para la presentación del primer informe”.
Calculan que el hacinamiento promedio en ese sitio es de 80 %, como mínimo, pese a la construcción de 16 nuevas celdas en el segundo sótano del edificio durante los últimos meses de 2019. A esa construcción los funcionarios la denominan “La casa de los sueños”.
El informe señala que las nuevas celdas son de seis metros cuadrados, no cuentan con duchas (los detenidos se lavan con el agua del lavabo, aunque no llega con regularidad) y fueron diseñadas para albergar a una sola persona, aunque en la práctica son compartidas por tres y hasta cuatro.
Tratos crueles
El caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de julio de 2019 presuntamente como consecuencia de los golpes recibidos a manos de agentes de la Dgcim, “es el resultado de lo que podría calificarse como un patrón de conducta de los funcionarios encargados de las investigaciones penales en este despacho militar”, advierte Una Ventana a la Libertad. “En la central de la Dgcim, se señala la existencia de un lugar predeterminado para estas prácticas, que está bajo el dominio de los agentes de la Dirección de Investigaciones Estratégicas. El lugar fue descrito como una habitación con paredes blancas y escasa mueblería. “Los instrumentos para la tortura son llevados a ese local, según sea el procedimiento que se planea ejecutar para la obtención de la información”, señala parte del informe.
Aún así, las fuentes del informe señalaron a UVAL que las torturas presuntamente ejercidas por funcionarios no siempre ocurren en la sede de la institución y hacen alusión a unas “casas seguras”, lugares a los que las comisiones llegan “inmediatamente después de que se han producido las detenciones”. Su ubicación es incierta, pues las personas son trasladadas a ellas con las caras tapadas con capuchas o máscaras.
Dentro de la lista de modalidades de torturas se encuentran los interrogatorios con golpes mientras la víctima está desnuda; inyección de psicotrópicos para propiciar confesiones; descargas eléctricas; extracción de uñas de los pies y manos, entre otras, todas ellas sustentadas en testimonios y declaraciones en juzgados.
Mínima seguridad
Desde 2019, lo que era el espacio donde operaba la antigua Brigada de Policía Militar de Fuerte Tiuna pasó a ser controlado por la Dgcim para hacer reformas y edificar un anexo de máxima seguridad. Bajo su antigua administración “los detenidos contaban con posibilidades de comunicarse con el exterior libremente, y recibir a sus familiares y amigos por largos lapsos”, resalta el informe.
La nueva instalación fue construida por iniciativa del coronel del Ejército Hannover Guerrero Mijares, entonces jefe de investigaciones de la Dgcim, y cuenta con ocho celdas, cada una con una litera de cemento, una poceta y una ducha. “Están concebidas para que el detenido se mantenga en aislamiento”, resalta UVAL.
Juan Carlos Nieto Quintero, capitán retirado de la GNB, indicó a los investigadores que en el centro existe un sistema de vigilancia por cámaras que abarca hasta el lugar donde se efectúan los encuentros con abogados y familiares. Nieto participó en los primeros trabajos de remodelación del lugar cuando aún era recluso.
Una Ventana a la Libertad señala que no recibió información sobre torturas ni tratos crueles en ese lugar “posiblemente debido al perfil de los detenidos que permanecen allí” (las primeras personas recluidas fueron Miguel Rodríguez Torres y el diputado Edgar Zambrano).
Sin embargo, advierten que las condiciones de aislamiento y privaciones en el recinto son permanentes.
RECUADRO
Aislamiento en el Sebin
El informe de la ONG Una Ventana a la Libertad señala que tanto en la sede de El Helicoide como en la de Plaza Venezuela han cesado las prácticas de torturas que hacían sus funcionarios y que fueron recabadas en el informe de 2017, así como la llamada “tortura blanca”, que consistía en imponer temperaturas extremadamente bajas y mucha iluminación artificial a los recluidos en Plaza Venezuela.
Tales cambios empezaron a efectuarse a finales de 2018 con la llegada de Manuel Christopher Figuera a la dirección del Sebin y se mantuvieron luego de su salida en abril de 2019, dijo el abogado Gonzalo Himiob. Aún así, en esos centros aún se aplican regímenes de castigo en los que aíslan a los detenidos y los privan de las visitas o las llamadas telefónicas.
UVAL sugiere que “aún cuando el Sebin y la Dgcim son utilizados por el régimen con propósitos de policía política, ambas entidades tienen culturas corporativas diferentes que hacen del Sebin una institución más permeable a las influencias externas (como las sanciones a sus máximos representantes) en comparación con su contraparte militar”.
