El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le presentó al Congreso de su país la primera evaluación sobre la lucha antinarcóticos desde que asumió la presidencia el presidente Gustavo Petro.
En esa evaluación, conocida en primicia por EL TIEMPO, señaló que Colombia debe mantener un robusto programa de erradicación forzosa de cultivos de coca, expandir la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores químicos si es que quiere alcanzar la paz.
El reporte, por supuesto, evalúa a otros países de la región. En el caso de Venezuela, sostiene que hay preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en su territorio, algo que está convirtiendo a esta nación no solo en punto de tráfico sino de producción de drogas.
«La creciente evidencia de cultivos de coca y producción de cocaína en laboratorios domésticos de drogas sugiere que Venezuela es ahora un país productor de drogas ilícitas, así como un país de tránsito», dice el informe.
En términos generales, el departamento de Estado afirma que Venezuela sigue siendo un ruta importante para el tráfico de drogas y que el régimen de Maduro depende cada vez más del negocio de la droga para subsistir.
«El régimen de Maduro -sostiene- depende cada vez más de las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas, para mantener su control ilegítimo del poder. La falta de cooperación en el control internacional de las drogas internacionales del régimen, la usurpación del sistema judicial, militar y de los servicios de seguridad para fines ilícitos, la corrupción pública y la cooperación con actores armados no estatales y elementos criminales proporcionó las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada».
Así mismo Estados Unidos dice estar preocupado por la producción y tráfico de fentanilo en México y por el aumento de los cultivos ilícitos en Honduras.
